“El Estado no puede seguir alimentando la violencia”

Articulo de Gabriela Boada, Directora ejecutiva de Amnistía Internacional.

-¿Cuál es el trabajo de Amnistía con respecto a la violencia de género?

-Es una ONG mundial que actúa como una especie de vigilancia para que los compromisos asumidos internacionalmente en materia de derechos humanos no queden solo en declaraciones, sino que sean una realidad política. Uno de los problemas ejes es el de la violencia contra la mujer, allí evidenciamos que hay una brecha enorme entre el derecho internacional y el real.

Desde el año 2007 venimos trabajando principalmente en violencia sobre el género femenino, basada en una discriminación a partir de una considerada superioridad del hombre sobre la mujer, que se desarrolla en múltiples facetas. La violencia de la que normalmente más solemos escuchar, la que está más presente en los discursos políticos a nivel de la sociedad, es la violencia física. Sin embargo, no es la única y es la última consecuencia de toda una cadena de formas de violencia.

Amnistía viene trabajando en el proceso de elaboración de la Ley de Protección Integral hacia la Mujer, la 26485, que es la que se aprobó en 2010 y está en proceso de implementación. Presentamos en ese momento recomendaciones que el Estado debía incluir en el proyecto de ley, que se implementaron prácticamente en su totalidad. Esta ley es crucial porque interpreta la violencia contra las mujeres desde un mecanismo integral. Lo que evidenciamos de la violencia física es que es consecuencia de una cultura en la que no se ha dado un lugar de igualdad entre hombres y mujeres. La ley enlaza mecanismos del sistema educativo, cuestiones de protección y prevención, y cómo hacemos para modificar los estereotipos de género presentes en la sociedad.

-¿Por qué en Argentina se tardó tanto en concretar una ley de protección a la mujer?

-Hay varios factores. En general, en Argentina y América Latina nos encontramos con muchas deficiencias en las políticas de ejecución, más que en las de pronunciamiento y declaraciones políticas. Mecanismos de implementación que no cumplen con el objetivo que la ley buscaba y que muchas veces son tergiversados por otros intereses. Dentro del Estado argentino no es lo mismo el Poder Ejecutivo que el Legislativo. Por otro lado, vemos que la voluntad política es prioritaria. Si la violencia de género se dilató tantos años es porque no había voluntad de darle importancia.

-¿Por qué pensás que no se da un mayor debate?

-Nos encontramos con una agenda de género muy politizada y llevada a los extremos. Entonces se va a la punta del problema en vez de empezar la discusión por la base. Hay organizaciones que lo vienen haciendo muy bien, pero en cuanto a las políticas públicas de género hay un tironeo un poco extremista. Desde Amnistía nos preocupa que no se estén debatiendo estos temas. Cuando se habla de aborto y se criminaliza a la mujer, no se habla de la falta de políticas de anticoncepción o de educación sexual ni de un sistema de salud que responda a las necesidades de la mujer en ese momento, ni que ayude a prevenir esta situación.
El Estado no puede seguir alimentando la violencia, tiene que dar una respuesta inmediata ante un caso que la ley argentina ya contempla. Preocupa esta brecha entre la ley y las prácticas.